Madrid, 10 de Febrero de 2010
Los municipios madrileños de San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Torrejón de Ardoz, Algete, San Fernando de Henares, Belvis y Soto del Real, así como las asociaciones de vecinos de Dehesa Vieja, Ciudalcampo, Ciudad Santo Domingo, Fuente del Fresno y Los Sauces han firmado un manifiesto de rechazo a la reforma de la Ley 48/1960 de Navegación Aérea que se está tramitando en el Congreso para su aprobación por las Cortes, por considerarla perjudicial para los ciudadanos que quedarían indefensos ante el ruido aéreo y demás impactos ambientales, generados por el aeropuerto de Barajas.
Los citados ayuntamientos y asociaciones vecinales solicitan al Parlamento que se devuelva esta proyecto de ley al Gobierno para que se lleve a cabo un estudio exhaustivo y coherente del marco normativo actual y la causa real de los conflictos que esta reforma pretende abordar y haga una nueva propuesta de reforma legislativa en el que representantes de municipios y ciudadanos afectados puedan ser oídos.
La reforma ignora el reparto de competencias constitucional en base al cual tanto las CCAA como los Ayuntamientos tienen el derecho y la competencia para dictar y hacer que se respeten normas más restrictivas de protección ambiental.
El manifiesto, elaborado por la “Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo” considera que la reforma lleva implícito la privación de un bien, como es la calidad acústica y atmosférica para las poblaciones del entorno de los aeropuertos y puede comportar daños para la salud de las personas o incluso patrimoniales. .
La Constitución en su artículo 33.3 ampara el derecho del ciudadano a no ser privado de un bien o derecho salvo por razón de interés público o social y previa indemnización. Sin embargo, la actividad comercial del transporte aéreo no ha sido declarada por ninguna ley como de utilidad pública ni de interés social. Incluso el interés económico tampoco está considerado de interés público en la actual Ley de Navegación aérea. “Por tanto es inmoral y legalmente inaceptable que unos ciudadanos tengamos que soportar la privación de un bien o un derecho en beneficio del interés económico de otros”, afirma María Ángeles López Lax, abogado de la Asociación.
NO PRETENDEMOS EL CIERRE DEL AEROPUERTO
Por su parte, el Presidente de la “Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo”, Luis Ramirez, entiende la necesidad de buscar una solución al problema del impacto medioambiental que el desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias y la navegación aérea genera y, muy en concreto, el específico de Barajas, pero no de esta forma. Ramírez insiste en que la reforma pretendida es cínica, pues se pretende realizar para defender los derechos de los afectados cuando los pisotea; es falsa, pues se justifica en base a un poco claro interés general y lo que realmente se intenta es evitar el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo a favor de los afectados; es abusiva, pues pretende dar carta blanca a AENA obligando a los afectados a soportar lo que esta decida; es antidemocrática, pues esta obligación se impone sin derecho a resarcimiento ni reclamación y es inconstitucional, puesto que se impone sobre derechos fundamentales. En resumen, es un atropello impropio de un Estado de Derecho.
Esta Asociación entiende que de seguir adelante la iniciativa del Gobierno en el Congreso en los términos actuales se generará una mayor conflictividad con los ciudadanos afectados.
Este “trágala” en ningún caso será una solución.
prensa@afectadosimpactoaereo.org
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